En Resumen
Un comando armado se llevó a Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, de su casa en Nanchital delante de su familia. La Fiscalía investiga este último ataque en el Estado más letal para la prensa en México.
Un comando armado se llevó a Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, de su casa en Nanchital delante de su familia. La Fiscalía investiga este último ataque en el Estado más letal para la prensa en México.
La periodista Roxana Berenice Guzmán estaba dentro de su casa cuando llegaron hombres armados a destrozar la puerta. Como en una pesadilla, no lo consiguieron de forma inmediata: rompieron el cristal y después se lanzaron a golpear la chapa con un martillo. Un impacto tras otro, hasta la decena. Un hombre al interior les pide esperar, pero lo calla uno de los agresores, que asoma un fusil entre los cristales y apunta. Empieza a dar patadas. Se combinan con los martillazos. El hombre de dentro de la vivienda pide de nuevo: “Hay una bebé, ¡cálmate!”. Pero, como pasa en las pesadillas, el comando logra finalmente quebrar un trozo de puerta y entrar a la casa. “¡Tírense al piso!”, grita uno de los encapuchados, antes de agarrar el móvil que le está grabando. De eso ya no hay imagen, pero se llevaron a la fundadora de la página Pulso Informativo del Sureste.
La grabación ha cimbrado a un país acostumbrado a que agredan a sus periodistas. La Fiscalía de Veracruz ha abierto una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, pero a pesar de tener el momento del crimen captado en cámara (en el que a uno de los agresores, además, se le ve el rostro), ya son más de 48 horas sin rastro de la periodista. La gobernadora Rocío Nahle ha informado este jueves que la búsqueda de Guzmán continúa y que están participando fuerzas federales “que mandó la presidenta [Claudia Sheinbaum]”.
Veracruz es el Estado más letal para la prensa en todo México y México es el segundo país más letal en todo el mundo. La entidad es lo que los expertos y periodistas llaman “una zona de silencio”. Desde el año 2000, 176 periodistas han sido asesinados en el país, de esos, 32 crímenes han sucedido en Veracruz, el último este mismo año, cuando mataron al reportero independiente Carlos Leonardo Ramírez. Había recibido amenazas y también protección en 2024, aun así este 8 de enero, lo mataron a tiros cuando comía en un establecimiento de su familia en Poza Rica. Dos días después desaparecieron su novia Wendy Arantxa Portilla y a Karime Monserrat Murrieta, una amiga de ella, tras asistir a su funeral. De nuevo, silencio desde entonces.
Hacía solo unos meses que Roxana Berenice Guzmán se había animado con otros dos colabores a abrir la página Pulso Informativo del Sureste en Facebook. Ahí reportaban para sus 21.000 seguidores desapariciones y ejecuciones, tanques de gas que explotaban, accidentes de tránsito y manifestaciones, también felicitaciones a vecinos por sus 50 años de casados o anuncios médicos, deportivos y de ocio. “Es un proyecto hiperlocal que es muy común en la zona precisamente porque se ha impuesto como zona de silencio. Sobre todo el sur de Veracruz, ya colindando con el Estado de Tabasco, es una zona de muy alto riesgo y de disputas criminales donde difícilmente florecen proyectos informativos más grandes”, razona Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19 en México.
Corredor de huachicol, tráfico de drogas y migrantes, Nanchital, igual que Coatzacoalcos o Minatitlán es territorio del crimen. Hace justo un año que una brutal decapitación (también grabada en video) obligó a bajarse de la campaña al candidato de Movimiento Ciudadano por supuestamente estar relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La propia Guzmán tuvo que salir durante años del Estado, recoge la organización Reporteros Sin Fronteras, después de que en 2017 mataran a su esposo. Ahora había regresado.
“Estamos exigiendo dos cosas: la búsqueda inmediata, porque ya han pasado más de 24 horas y no se sabe nada”, señala Maldonado, que incide en que la periodista tiene ya calidad de desaparecida, “y que la Fiscalía active el protocolo para investigar delitos contra la libertad de expresión para que el trabajo periodístico de la víctima sea una línea de investigación prioritaria”. Esta última parte es uno de los escollos habituales en los crímenes que sufre la prensa.
La primera reacción de los Gobiernos y las Fiscalías es negar que las víctimas sean periodistas, desacreditar su trabajo: o ya no se dedicaba al periodismo o se dedicaba pero en un medio pequeño o se dedicaba pero tenía vínculos con el crimen organizado. Acaba de pasar en San Luis Potosí ahora con la detención de dos comunicadoras y era una práctica común del Gobierno de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, cuando mataron a 18 periodistas. Fue el período más letal para un gobernador en México.
Ese recuerdo volvía este miércoles a Veracruz ante las acusaciones hacia la periodista. “Desacreditar el trabajo periodístico sirve para minimizar el problema, para deslindarse de sus responsabilidades como autoridades y, sobre todo para terminar garantizando impunidad”, valora Maldonado. Esa impunidad, que Artículo 19 ha cifrado en el 99%, es la que permite que los crímenes sigan. “En una región donde Bukele persigue periodistas en El Salvador, el régimen Ortega Murillo en Nicaragua, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Cuba, Venezuela… y México es el país con mayores niveles de violencia contra la prensa en el continente”, señala el director de la organización en el país.
Por si no lo sabias:
No son solo los 174 asesinados y 32 desaparecidos en 26 años
Es el acoso judicial creciente, las campañas de estigmatización, las amenazas y las agresiones físicas. “El año pasado vimos 451 agresiones no letales contra la prensa mexicana, a razón de una cada 19 horas, y 69 casos de acoso judicial, uno por semana”, apunta Maldonado. En ese contexto es el que una periodista logra grabar cómo la secuestran en su propia casa y nada, más allá de eso, pasa.
